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La sociedad civil y la prevención del extremismo violento en medio de la crisis económica del Líbano

Fecha de publicación:

10/02/2022

Tipo de contenido:

Artículos

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Arriba: La explosión del puerto de Beirut, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha agravado aún más el deterioro de la economía libanesa.

Nidal Khaled

Responsable de la Asociación de Iniciativas Juveniles y Punto Focal de la Red Local de Prevención de Majdal Anjar

9 de febrero de 2020

El siguiente artículo de opinión ha sido escrito por un autor invitado. Las opiniones expresadas en él son propias del autor y no pueden atribuirse a la Red de Ciudades Fuertes, a sus miembros o a su Unidad de Gestión.

Desde hace más de dos años, Líbano se hunde en la peor crisis socioeconómica de su historia, no vista ni siquiera en los periodos más oscuros de 15 años de guerra civil. Incluida ahora en la lista de los peores desastres financieros del mundo desde ^mediados del siglo XIX, la moneda nacional libanesa ha perdido más del 85% de su valor, hundiendo a más de la mitad de sus ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza. Los problemas se han hecho irresolubles debido a la afluencia en la última década de casi dos millones de refugiados sirios, los conflictos entre los diversos grupos políticos, religiosos y sectarios de Líbano y la propagación del COVID-19.

Hoy, las instituciones estatales del país se están derrumbando. Muchos empleados del sector público y de las fuerzas de seguridad no pueden ir a trabajar debido al elevado coste del transporte, ya que el precio de un depósito de combustible ha llegado a ser igual al salario mínimo mensual. Los grupos extremistas intentan explotar esta vulnerabilidad, bien mediante la violencia física contra el Estado y sus ciudadanos, bien mediante la prestación de servicios básicos que el Estado es incapaz de prestar -como atención médica y educación- para ganar popularidad y apoyo. A medida que aumentan los niveles de desigualdad y pobreza, las personas y las comunidades pueden sentirse cada vez más alienadas y frustradas. Sin medios para expresar estas frustraciones a través de canales legítimos y constructivos, pueden recurrir a grupos que velen por sus intereses. En los casos más extremos, la necesidad de un cambio de autoridad puede llevar a algunos a recurrir a la violencia. Tal vez esto sea especialmente cierto en el caso de los jóvenes, que son un objetivo desproporcionado de los grupos extremistas violentos para su reclutamiento y se ven afectados negativamente por la crisis económica.

Implicar a la juventud en este proceso, además de establecer programas sociales que proporcionen acceso a recursos y espacios seguros de expresión, es una de las herramientas más poderosas para contrarrestar la polarización, el extremismo y la violencia.

El fracaso del gobierno central y de otras instituciones nacionales a la hora de abordar el extremismo se debe en parte a su tendencia a considerarlo desde el punto de vista de la seguridad. Aunque proporcionar seguridad es un componente esencial de una nación que funciona, no es ni el único medio disponible ni siempre el más adecuado.

En este contexto, surge el papel de la sociedad civil para crear un espacio de diálogo que no dé legitimidad a estos grupos, sino que proporcione un sentido de inclusión, así como orientación, alternativas y posibilidad de reintegración en la sociedad. La sociedad civil ya desempeña un papel primordial en la negociación con las autoridades locales y nacionales para establecer un vínculo entre la juventud y el Estado, crear marcos para la práctica de una ciudadanía efectiva y poner de relieve la idea de que los jóvenes desempeñan un papel en la construcción y el apoyo a las instituciones y en la participación en la gobernanza, independientemente de las dificultades. Implicar a la juventud en este proceso, además de establecer programas sociales que proporcionen acceso a recursos y espacios seguros de expresión, es una de las herramientas más poderosas para contrarrestar la polarización, el extremismo y la violencia.

No es un problema que pueda resolver ningún partido individual, político o de otro tipo. Son necesarias la solidaridad y la integración entre todos los componentes de la sociedad y las instituciones cívicas, junto con la ayuda de profesionales, activistas y expertos internacionales.

Una solución modesta la ofrecen las Redes Locales de Prevención (RPL), creadas en 2017 en colaboración con la Red de Ciudades Fuertes, el Ministerio del Interior y los Municipios, en asociación con la Unidad Nacional de Coordinación de la PVE del Consejo de Ministros, y con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores danés. A la luz de las numerosas crisis que han asolado el país, las LPN pretenden fortalecer, formar y apoyar a las comunidades, y dar respuestas locales a sus necesidades sociales, económicas y psicológicas, en particular a los jóvenes vulnerables. Al identificar y coordinar a los agentes y profesionales de primera línea y dotar a las comunidades de los conocimientos y herramientas necesarios para detectar los primeros signos de radicalización, trabajan para crear una respuesta coordinada al riesgo que se adapte al contexto local y esté en consonancia con la estrategia nacional de prevención. En su esencia, las LPN tratan de promover y reforzar la cohesión y la resiliencia sociales abrazando a todos los aspectos de la sociedad, en particular a los jóvenes, y alejándolos de la violencia y orientándolos hacia soluciones cooperativas y centradas en la comunidad.

Recientemente, los LPN dirigieron sesiones y actividades de diálogo con especialistas que abordaron temas como la religión, la ideología y la juventud, con el fin de dilucidar las diversas ideas y opiniones asociadas al fenómeno de la violencia y el extremismo. Este esfuerzo fue el resultado de la cooperación entre las LPN y los consejos municipales de las ciudades con el objetivo de elaborar un plan de trabajo que allane el camino para el establecimiento de una sociedad cohesionada y armoniosa basada en los principios de seguridad y protección.

Sin embargo, quedan muchos retos por delante. Hay que seguir trabajando para garantizar que las soluciones reflejen las necesidades de la comunidad y aprovechen todo su potencial económico y humano. El cambio debe ser integrador, implicando a toda la sociedad y garantizando al mismo tiempo que el desarrollo sea sostenible y atienda a las necesidades de los pobres y marginados, capacitando a las mujeres a todos los niveles y desarrollando el turismo rural respetando la diversidad cultural y religiosa de las comunidades locales. Paralelamente, la policía municipal debe hacer mayor hincapié en la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta a las necesidades urgentes de las familias afectadas por el colapso económico mediante la prestación de ayuda de emergencia y los servicios sanitarios necesarios, lo que contribuirá en gran medida a mejorar las relaciones entre la población civil y el sector de la seguridad. Además, hay que apoyar a las instituciones educativas para garantizar un nivel mínimo de educación, ya que es la única forma de proteger a las sociedades de ser explotadas por grupos extremistas que poseen recursos financieros y buscan polarizar a los simpatizantes.

Aunque la crisis del Líbano puede haber sido causada, y luego agravada en cierta medida, por la inacción del Estado, para resolverla será necesaria la participación de toda la sociedad, y ¿dónde mejor empezar que en nuestras comunidades locales?

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